Mark Floegel es investigador de Greenpeace Estados Unidos. A continuación compartimos sus ideas sobre la reciente penalidad que el gobierno norteamericano aplicó a la petrolera BP (British Petroleum) por los incidentes ocurridos en el año 2010, donde 11 personas murieron en la explosión de uno de sus pozos petroleros.
Once hombres murieron en el Deepwater Horizon la noche en que el pozo Macondo de BP explotó en abril de 2010. Es un número que no deberíamos olvidar y que no permite cuantificar la pérdida que sufrieron sus familiares y comunidades.
La cifra anunciada el jueves pasado – 4,500 millones de dólares de multa – representa un acuerdo criminal de BP con el gobierno de los Estados Unidos y una gran victoria para el gigante petrolero.
¿Por qué es una victoria? Porque el precio de las acciones de BP, único factor que interesa a los directores de la petrolera, aumentó considerablemente. Por lo tanto, el acuerdo fue una recompensa, más que un castigo, para BP.
Otra cifra esclarecedora: 5.500 millones de dólares. Eso es lo que generó BP de ganancia en el tercer trimestre de este año, mil millones más de lo que tienen que pagar.
La penalidad criminal impuesta sobre BP hoy fracasa en todas las definiciones de penalidad. En teoría, imponemos penas criminales para castigar a los culpables, pero en este caso BP recibió un premio y no un castigo. Las penas deberían proteger a los inocentes e incentivar a potenciales criminales a no cometer delitos. Esta pena no hace ni lo uno ni lo otro por el tipo de mensaje que envía a las demás petroleras. Nada en este acuerdo incentiva a las empresas del sector a tomar medidas preventivas para evitar este tipo de catástrofes en el futuro. Tomar atajos legales e ignorar mejores controles seguirá siendo la orden del día.
Esta multa es prácticamente igual a la cifra que Shell Oil ha estado gastando al día de hoy en sus intentos por perforar el Ártico en busca de petróleo, y ni siquiera realizó su primer pozo. Cuando un accidente, derrame u otro incidente inevitable suceda en ese frágil entorno, lejos de cualquier medida de control o acción de limpieza, los ejecutivos en Shell podrán estar tranquilos, ya que el gobierno federal de los Estados Unidos sigue igual de débil, así como lo fue con Exxon en 1989 y con BP en 2010.
Eso es en lo que a números respecta. Pero, como siempre, los números no cuentan toda la historia. Ni siquiera la mitad. Como observa John Hocevar, director de Campañas de Océanos de Greenpeace USA: “El precio de un animal marino en el golfo es inmensurable y todavía no conocemos las consecuencias ecológicas del desastre del Deepwater Horizon de BP. El acuerdo compra el silencio gubernamental sobre el impacto total. El golfo se merece un relevamiento completo de los daños realizados por BP, y este acuerdo es simplemente la manera de BP de pagar para no asumir su responsabilidad”.



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