Después de que distribuyeran los fondos correspondientes a la provincia de Salta de acuerdo con lo establecido por la Ley de Bosques (Presupuesto 2011) surgieron graves acusaciones por parte del diario local «El Tribuno» hacia la organización beneficiaria de los fondos Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y sobre la legitimidad del proceso de asignaciones. En reiteradas ocasiones el diario acusó a la organización de “no hacer llegar el dinero a los aborígenes salteños”.

Es por eso que los representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y de la Organización de Familias Criollas de los lotes fiscales 55 y 14 (OFC) publicaron recientemente un comunicado de prensa en el que explicitan su posición dentro del proceso y en torno a los dichos de "El Tribuno". Lo compartimos con ustedes:

 

Santa Victoria Este, 22 de Agosto de 2011

Los representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y de la Organización de Familias Criollas de los lotes fiscales 55 y 14 (OFC), cansados ya de ver como se tergiversa la verdad y se cuestiona injustamente la legitimidad de procesos sociales de fondo, generados tras décadas de trabajo en el territorio y respetando el ordenamiento jurídico vigente, es que decidimos dar a conocer públicamente nuestra posición sobre las informaciones vertidas por el diario “El Tribuno” en este último tiempo,
Queremos que se conozca la real situación del proceso de regularización dominial de los fiscales 55 y 14 y el transfondo político de este ataque.

El reclamo por la tierra en esta zona comenzó hace muchos años, primero en forma desarticulada, cada grupo, indígenas y criollos, buscaban una solución para si. Cuando el estado ya había comenzado con las obras de la ruta nacional 86, que cruzaba nuestro territorio, que aprobaron sin consultarnos, es cuando acontece la toma del punte de Misión la Paz que dejo como saldo niños muertos. En el año 1998 el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de agotar las instancias judiciales nacionales que desestimaban nuestro reclamo. Por recomendación de la CIDH, se abre la “mesa de solución amistosa” en la que participaron organizaciones indígenas y criollas, el gobierno provincial, nacional y la CIDH, con el fin de definir una propuesta de distribución consensuada. En el año 2005, esta mesa es cerrada por el gobierno de J. C. Romero y redacta unilateralmente su propuesta que es puesta a consideración a través de un referéndum muy cuestionado por nosotros a votarse simultáneamente con las elecciones legislativas de ese año. Allí comienza otra encarnizada campaña de desprestigio en contra de la OFC y sobre todo contra Lhaka Honhat.

A pesar de esto, entre nosotros comenzamos un diálogo profundo que desemboca en una serie de acuerdos que sientan el marco del actual proceso y que el gobierno de Juan Carlos Romero finalmente ratifica a una semana de las elecciones que definían a su sucesor, pese a los compromisos asumidos con sus punteros locales marcando un hecho político sin precedentes en la zona como fue un decreto de pre adjudicación que respetaba nuestros acuerdos. El punto central del acuerdo fue la distribución de 400.000 has para las comunidades y 243.000 para las familias criollas. (Decreto 2786/07).

Seguimos trabajando arduamente desde ese año 2007 y actualmente, luego del registro de las comunidades existentes, la acreditación de derechos de la totalidad de familias criollas y la definición de los criterios de distribución acordadas entre las organizaciones locales, entramos en la etapa final, que es la ubicación definitiva de las familias criollas y las comunidades indígenas a través de una metodología de dialogo de partes que es un ejemplo cabal de un proceso participativo sin precedentes, que hoy ya tiene sus primeros frutos, que incluyen acuerdos entre 23 familias criollas, 4 comunidades indígenas y abarcan un total de 40.000 hectáreas y la apertura al dialogo de otras zonas por más de 150.000 has

Este complejo proceso, inevitablemente conduce a un reordenamiento territorial que incluirá traslados voluntarios de familias, inversiones públicas estratégicas y el apoyo para la ejecución un plan de gestión territorial sustentable, fondos que a pedido de las organizaciones, el estado provincial y nacional están gestionando en la actualidad a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), único ámbito oficial que está reconocido legalmente para trabajar en esta zona.

Sin embargo, desde El Tribuno se deslizan con liviandad mentiras como que Lhaka Honhat pretende un título a su nombre, cosa que no es nuestra intención, ni lo permite la legislación; culpa a las organizaciones y a la ley de ordenamiento territorial por la prohibición de cortar madera cuando la tala siempre estuvo prohibida en tierras fiscales, además de que es necesario resguardar los recursos naturales mientras se regulariza la situación para luego en forma legal y sustentable, en condiciones convenientes para que indígenas y criollos puedan aprovechar sus recursos, a diferencia de hoy, que pagan 10 pesos por poste y 20 por rollo y se le paga con mercadería y alcohol siendo el gran beneficio para los compradores e intermediarios que actúan ilegalmente robando madera; afirma que la mitad de las 462 familias con derecho deben trasladarse forzosamente y algunas dejar hasta la tumba de sus muertos, cuando los traslados serán muchos menos, serán voluntarios y en cada caso se consideran alternativas para su resolución; que Fundapaz actúa a través de la OFC cuando somos una organización autónoma con voz e ideas propias; nos responsabilizan de problemas estructurales como la pobreza y la falta de servicios públicos, problemas de que nosotros también compartimos y que justamente buscamos solucionar con este proceso, y otras cosas tan irresponsables como estas.

Además han buscado especialmente a representantes de las comunidades indígenas y criollos no tan cercanas a nosotros y se les ha manipulado para hablar a través de ellos. Se cuestionó a nuestros asesores Asociana y FUNDAPAZ, difamándolos públicamente de malversar fondos de la ley de bosques en base a un análisis presupuestario falso acusándolos incluso de quedarse con fondos que todavía no existen. Queremos decir que luego de décadas de trabajo conjunto y la cogestión de algunos proyectos hemos construido una relación de confianza plena con estas instituciones e incluso nos fueron formando para manejar nuestros propios fondos como hoy día ocurre.

Nosotros no somos ingenuos. Sabemos cuales son los motivos de fondo que los mueven a ensuciar nuestro trabajo: quieren derogar la ley de bosques y la ley de ordenamiento territorial para reinstalar un esquema de saqueo de los recursos naturales en forma ilegal y repintar el mapa con más de 6.000.000 de hectáreas en verde como era su proyecto original; quieren abortar el proceso de regularización dominial mas importante del País para que a miles de familias campesinas y comunidades indígenas en situación de tenencia precaria no se les ocurra que a ellos también se les debe efectivizar su derecho legitimo y ver truncado así sus sueños de ver sus campos libres de “intrusos”; quieren romper la alianza entre organizaciones de bases indígenas y criollas, instituciones e iglesias que osaran cuestionar el actual modelo de expansión agropecuaria a través de la demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hizo primar por primera vez en estas tierras el principio precautorio por sobre el principio de lucro, dando un poco de justicia ante tanto despropósito y parando el avance de desmontes irresponsables y la tala de madera ilegal que comprometían el desarrollo real de nuestra zona en el futuro, una vez que se nos entreguen los títulos de la tierra y podamos decidir en base a la ley, el uso de los recursos que nos corresponden.

Convocamos a todas las organizaciones sociales, instituciones publicas y privadas que quieran sumarse a este reclamo y defender la verdad para contrarrestar campañas de prensa y su poder mediático que quieren dividirnos y debilitarnos.

Agradecemos a las siguientes organizaciones que nos dieron su apoyo para esta solicitada:

Qullamarca
Consejo de Organizaciones Wichi. Embarcación
Zonal Criolla de Los Blancos
Asociación Unión y Progreso de Morillo

 



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3 thoughts on “Comunidades indígenas rechazan las acusaciones del diario"El Tribuno" en torno a la distribución de fondos para los bosques de Salta”

  1. IMPUNIDAD – ABUSO DE PODER
    Por favor intervengan en PARAR con el DESMONTE DESMEDIDO y DESCARADO que lleva a cabo el LEGISLADOR CONTE a la vista de todo el mundo en Tucuman, a ambos lados de la Ruta 308, entre Lamadrid y el Gasoducto hacia Termas de Rio Hondo.Si llevan camaras podran registrar que la CASILLA RODANTE, el TRAILER y las 2 TOPADORAS que usa son mas MISMAS que aparecen en el video que publico el Canal 8 cuando lo denunciaron los ecologistas de UNIVEC (en Cochamolle)-
    El es uno de los legisladores que voto la Ley de Bosques. Entonces me pregunto- Porque? Hasta cuando? Tanto miedo le tiene el Ministro de la Produccion? Nadie hara nada? Por unos cuantos pesos que deja la madera? POR FAVOR INTERVENGAN…… ES POR NUESTROS HIJOS…. NUESTRO FUTURO GRACIAS

  2. Por supuesto que estas presentaciones son realizadas por profesionales del derecho, lo que me interesa saber qué relación tienen estos profesionales con la política, en este sentido se tergiversa todo, la verdad no sé quien pude tomar a cargo toos las negociaciones.

  3. A mi me interesaría trabajar en este tema, me interesa pero no tengo ningún título profesional, solo quiero que ningún partido político intervenga ni a favor ni en contra, eso lo tienen que vigilar los aborígenes.

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