FUKUSHIMA
El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9,0 grados en la escala de Richter y un posterior tsunami desatado por la ferocidad del sismo, azotaron Japón y produjeron consecuencias devastadoras. Esta fatalidad dio inicio a otra tragedia, absolutamente evitable, en la central nuclear Fukushima Daiichi, donde fallaron los sistemas de refrigeración y emergencia, se registraron explosiones de hidrógeno en los edificios que albergan los reactores y se alcanzó la fusión del núcleo de los reactores 1, 2 y 3, liberando grandes emanaciones radiactivas al exterior.
Hoy, a más de 4 años de aquella catástrofe, el Ministerio de Salud de Japón comunicó que un trabajador de Fukushima, involucrado en la limpieza de los reactores nucleares destruidos, contrajo un tipo de leucemia «aguda» debido a su exposición a la radiación.
A continuación, Justin McKeating, integrante de la campaña de energía de Greenpeace Internacional, nos explica cómo deberían accionar las empresas para mejorar la situación tanto de los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento en el área, como de los evacuados de las ciudades cercanas.

Por Justin McKeating

Según el Washington Post, un hombre que trabajó en el lugar de la catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi entre 2012 y 2013 tiene «leucemia mielógena aguda, un cáncer de la sangre y la médula ósea». Su condición es resultado directo de su trabajo en Fukushima.
A la luz de esta triste noticia, muchas personas tienen preguntas por responder.

Primero: el propietario y operador de Fukushima, TEPCO, se ha comprometido firmemente a mejorar la seguridad de sus trabajadores. Textualmente: «La seguridad de los trabajadores y empleados que participan en la operación de desmantelamiento es la más alta prioridad». Eso, al menos, es lo que dice en su sitio web.

La compañía tiene que reconocer que sus medidas han demostrado ser insuficientes.

Segundo: el presidente de Japoń, Abe, ha dicho en repetidas ocasiones que la situación en Fukushima está «bajo control». Su gobierno está levantando las restricciones en las zonas contaminadas y obligando a los evacuados a regresar.

El diagnóstico del trabajador demuestra lo vanas que son sus palabras. El levantamiento de las restricciones debe ser detenido inmediatamente.

Tercero: la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene que revisar su prematura y complaciente evaluación de la situación en Fukushima. Tan solo hace un mes que la OIEA ignoró las principales incertidumbres y la falta de datos con el fin de declarar que no habría consecuencias para la salud discernibles a partir de la catástrofe de Fukushima.

A ello le siguió la noticia de que el profesor Toshihide Tsuda, de la Universidad de Okayama, publicaba un estudio, revisado por pares, que mostraba un incremento del cáncer de tiroides en niños menores de 18 años que vivían en la zona en el momento del desastre.

Abe, TEPCO y la OIEA tienen que cambiar de rumbo y actuar con rapidez.

¿Qué se está haciendo para identificar y ayudar a otros trabajadores que también pueden verse afectados? Los procedimientos de seguridad en Fukushima deben ser revisados ​​y mejorados en forma radical de manera urgente.

Las declaraciones poco científicas y sin fundamento realizadas por el OIEA y el gobierno japonés, que minimizan los impactos a largo plazo de la catástrofe de Fukushima en la salud de las personas y el medio ambiente, deben ser retiradas y reconsideradas.

Los trabajadores y los ciudadanos de Fukushima están sufriendo las consecuencias de este desastre nuclear. Se está haciendo caso omiso de esta realidad, negando su sufrimiento y socavando su lucha por la justicia, para ellos y sus familias.

La vida de las personas está en juego. La enfermedad, la propaganda y las falsas promesas son las pobres recompensas para los valientes trabajadores de Fukushima y para los evacuados que sufren por causas ajenas.

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